El subsecretario de Control de Gestión, Damián Villavicencio, detalló en Radio Sarmiento los avances en la causa por una compra de $90 millones y por el faltante de armas de fuego. En una o dos semanas serían citados a declarar los tres policías imputados.
El caso se originó en un expediente de compra de mayo de 2023 por 150 computadoras, 20 impresoras y 10 tablets, financiado con fondos nacionales de un programa de fortalecimiento y apoyo tecnológico. El monto fue de $90 millones.
Según explicó Villavicencio, al asumir la gestión del gobernador Marcelo Orrego se detectó que, aunque en los papeles los bienes figuraban incorporados al patrimonio, nunca habían llegado a los destinos asignados. El expediente estaba finalizado y el pago ya se había realizado.
La Policía puso el caso en conocimiento de la UFI. Tiempo después, el proveedor comunicó que los equipos estaban en un galpón. Allí se constató la existencia de los bultos, pero las pericias determinaron que no eran las computadoras adquiridas, ya que no tenían las características técnicas requeridas en la compra. El funcionario aclaró que no puede precisar cuánto valen los equipos hallados, pero insistió en que no coinciden con lo solicitado.
Los tres policías imputados. La subsecretaría inició un sumario administrativo contra los tres policías que fueron formalizados en la causa: Valverde, González y el comisario mayor Santoni, retirado desde fines del año pasado. Los tres integraban la junta encargada de recibir los equipos. Villavicencio recordó que el área tiene competencia para investigar a policías en actividad o en retiro. Valverde y González fueron reubicados dentro de la fuerza y siguen prestando servicio.
Cuándo declararían. Según el funcionario, los tres policías serían citados a declarar en una o dos semanas, una vez que el expediente cuente con los informes y los dictámenes de asesoría letrada. Aclaró que también podrían ser citados otros efectivos que intervinieron en la tramitación de la compra.
Qué sanciones podría haber. Si se comprueban responsabilidades, las sanciones van desde suspensiones hasta la cesantía o la exoneración. Villavicencio estimó que, de confirmarse irregularidades, la sanción sería una de las más graves, por tratarse de una situación “anormal bastante importante”.
¿Qué sabían las autoridades de la época? Consultado sobre el entonces jefe de Policía, Luis Martínez, y el entonces secretario de Seguridad, Carlos Monizaga, el subsecretario evitó afirmar o descartar su conocimiento del tema: dijo que eso surgirá de la investigación. Señaló que, por tratarse de una compra de la Secretaría para la Policía, “deberían haber sabido”, pero que no puede aventurar una conclusión. Ninguno de los dos está vinculado a la causa y, como no son policías en actividad ni en retiro, quedan fuera de la órbita de la subsecretaría. No se descarta que sean citados como testigos si la investigación lo requiere.
Faltante de armas: “Un poco más de cien”
El segundo caso surgió de un relevamiento en la División Armamento, donde se detectó un faltante de armas que fue denunciado de inmediato ante la UFI de Delitos Especiales. La denuncia, presentada por la jefatura, tiene apenas un par de semanas, y la subsecretaría ya inició su sumario administrativo.
Villavicencio indicó que el faltante ronda “un poco más de cien” armas, aunque aclaró que la cifra todavía es objeto de investigación. Las armas pertenecen a un lote de 500 adquirido por la Policía en agosto de 2022. No hay un monto determinado, ya que habría que establecer el valor de las armas en esa fecha o actualizarlo.
El sumario se tramita contra “personal policial a determinar”. A la Justicia se le informó la nómina completa de quienes pasaron por la división desde la compra, entre 25 y 30 efectivos. Si surgen responsabilidades, se vinculará puntualmente a los involucrados.
Los policías mencionados están imputados o vinculados a una investigación en curso y gozan de la presunción de inocencia hasta que haya una resolución firme.
Fuente: https://www.diariodecuyo.com.ar/