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El Ministerio de Educación de San Juan ya está tomando cartas en el asunto por las presuntas irregularidades en el manejo de fondos y el cobro ilegal de inscripciones en la Escuela de Enología de la provincia. Fue a raíz de una denuncia por parte de algunos padres agrupados en la Cooperadora Civil que ahora se abrió un sumario en contra del director de la escuela, Sergio Monetro.
El proceso es por demás extenso y en estos momentos se están analizando las pruebas presentadas por los involucrados. A la par el funcionario a cargo de la escuela asegura que tomará acciones legales por daños y prejuicios contra dos mujeres que representan a la Cooperadora, pero dicha denuncia todavía no se radicó efectivamente.
En tanto que la denuncia inicial es por la desaparición de la totalidad de la producción que generó la escuela durante el año 2019, valuada en más de 1 millón de pesos, según algunos padres de los alumnos. Lo que se evalúa ahora es la construcción de estas serías afirmaciones y si hay hechos suficientes para iniciar una investigación. Al respecto, la asesora letrada del ministro Felipe De Los Ríos, Mariana Paz, afirmó a este diario que existen pruebas contundentes para una investigación, y derivó el asunto a la asesoría legal del Ministerio para que inicie la etapa de recolección de pruebas, con el llamado de testigos, presentación de documentos y demás.
A la par el subdirector del Área Agrotécnica, Jorge Luis Codorniú, analizó lo sucedido y sostuvo que existen informes cruzados entre la Cooperadora y el director, los primeros sostienen que hubo un faltante en varias producciones y el último dice que le entregaron esa producción a la Cooperadora».
La denuncia ser realizó el 26 de febrero pasado cuando un grupo de padres se presentó con los informes de producción en la puerta de Codorniú. «El señor Codorniú nos aconsejó conciliar con la Dirección de la escuela y, como esa no es una respuesta a la altura, es que hicimos pública la situación. No podemos ser cómplices de este mal manejo», manifestó en otra nota de este diario la vicepresidenta de la Asociación Civil María Eugenia Ibaceta. Cabe aclarar que dicho grupo no forma parte de la estructura orgánica de la escuela.
Quienes tendrán que resolver el asunto serán los funcionarios dependientes de la Asesoría Jurídica de Educación para que luego se emita el dictamen correspondiente. Los plazos para todo este proceso se mantienen con total hermetismo para no entorpecer la investigación. Las sanciones pueden ir de una medida menor a la exoneración del sistema educativo del director si existe una causal suficiente, pero de momento no podemos tomar esa decisión, finalizó la asesora letrada.
En tanto que si se demuestra que el director de la escuela es inocente, la única medida que cabría para las denunciantes será las que inicie el equipo legal de Montero y luego las determine el juez que lleve la causa. Ya que la Cooperadora es una organización civil que no está incluida en ninguna parte del organigrama de la institución, y por lo tanto, no le corresponde al Ministerio tomar una postura al respecto.
